FRENTE SINDICAL DEL MAS
Boletín de Discusión Nº 1
Abril – 2009
Presentación.
Este Boletín es parte de la actividad de la Agrupación Regional por la Defensa del Empleo. Su objetivo es informar y contribuir a la discusión sobre la realidad social y política de lo que sucede en el país y la región. Es un Boletín abierto a todo sectorde trabajadores, poblacional y juventud, que manifieste la voluntad de luchar y organizar la defensa de sus derechos sociales y políticos.
En este primer número abordaremos el Paro del 16 de abril, convocado por la CUT como parte de las movilizaciones acordadas por esta Central en protesta por los despidos masivos.
Como cuestión previa queremos precisar que la Agrupación Regional no está en concurrencia con la CUT, ni otra organización sindical o social. La existencia de la Agrupación está ligada a una necesidad de organizar la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y su protección social. Estimamos que el origen y rol de la CUT debe ser el de estar incondicionalmente de lado de los trabajadores, en total independencia respecto del gobierno, de los partidos políticos y de los empresarios.
Pensamos que el rol de la CUTno es proponer políticas para ayudar a salvar un sistema de explotación que solo es
capaz de ofrecer mayores sufrimientos y miseria a la mayoría de la población. El rol de la CUT es organizar una política independiente en torno a la defensa incondicional de los derechos de los trabajadores.
La Agrupación Regional se declara dispuesta a la movilización unitaria con toda organización en relación a medidas que vayanen defensa de los derechos de los trabajadores. La Agrupación Regional se ha reunido, el 27 de marzo,con una delegación de la CUT provincial para discutir sobre la unidad amplia en defensa del empleo y contra todos los despidos; así como un Plan de Lucha y un Plan de Emergencia de defensa de los trabajadores y el pueblo contra la crisis. Un Plan de emergencia para cortar los despidos colocando en la discusión la necesidad de una Leyque Prohíba los Despidos, así como una serie de medidas de protección a los desocupados y cesantes.
La Agrupación ha señalado que la movilización llamada adolecía de un eje reivindicativo adaptado a las necesidades de la defensa de los trabajadores en la situación de crisis aprovechada por el empresariado para despedir. La Agrupación tomabacomo referencia las Resoluciones del Consejo Directivo Nacional de la CUT del 22-23 enero 2009.
Consideraba al mismo tiempo que las declaraciones de Arturo Martínez, del 12 y 22 de marzo, en cuanto a exigir la derogación del artículo 161 del Código del Trabajo, eran un paso positivo en cuanto a enfocar el problema de los despidos. La Agrupación estimaba que la exigencia de una Ley de Emergencia que prohíba los despidos en el sector privado y público era una respuesta adecuada a la gravedad de la situación.
Derogación del artículo 161 del Código del Trabajo era la exigencia planteada por el presidente nacional de la CUT. Sin embargo, en la convocatoria al paro se puede apreciar que la exigencia ha sido cambiada. La CUT exige ahora la modificación del Artículo 161 del Código del Trabajo.
El artículo 161 es el que otorga todas las libertades a los empresarios para despedir en razón de las necesidades de la empresa. Ellas pueden ser variadas pero todas convergen en la política de los empresarios de abaratar el costo de la mano de obra. La nueva exigencia de la CUT hay que verla como una retirada en relación a lo que se exigía anteriormente con respecto a la simple derogación del Artículo.
Ante esta situación la consigna principal de la Agrupación Regional en las manifestaciones es:
¡Exigimos del Gobierno, del Congreso, una Ley que prohíba los despidos en el sector público y privado!
Esta exigencia de la Agrupación Regional es la respuesta adecuada a la situación de crisis y de defensa del empleo. Al exigirla como una Ley lo que se está planteando es el derecho constitucional de los trabajadores a un empleo. Los empresarios han tenido la libertad amplia, con la complicidad de los gobiernos de la Concertación y el Congreso para despedir, colocando en peligro la sobrevivencia de cientos de miles de familias. El Gobierno y el Congreso son responsables de que los empresarios despidan.
Sobre la situación de los fondos de pensiones la CUT señala que: “Los trabajadores(as) de Chile exigimos un nuevo sistema previsional público con garantía estatal”.
¿Que va a suceder entonces con las pensiones de los trabajadores afectados por las pérdidas de sus fondos de pensiones como producto de la especulación?
La Agrupación Regional considera que los trabajadores deben ser indemnizados. Son los Gobiernos los responsables de haber creado las AFP. La Agrupación llama a manifestar y exigir que el Gobierno y el Congreso legislen por la:
¡Recuperación y compensación integral de los fondosde los trabajadores! ¡Estatización de las AFP, por un Fondo de Pensiones Estatal!
Los trabajadores, la juventud, exigende la Presidenta Michelle Bachelet que gobierne a favor de la mayoría: prohibiendo los despidos, defendiendo y creando empleo, desarrollando los servicios públicos, la libertad sindical, la negociación colectiva plena.
Agrupación Regional de Dirigentes Sociales por la Defensa del Empleo
Boletín de Discusión Nº 2
Mayo 2009
El Paro nacionaldel 16 de abril
En todos los rincones del país se ha manifestado, el16 de abril pasado, la voluntad detrabajadores, juventud, pensionados y desocupados, de no aceptar pagar los costos de una crisis de la cual no son responsables. En todas partes, los sindicatos y organizaciones sociales han salido a la calle detrás del llamado de la CUT a movilizarse. Lo que ha quedado demostrado en las movilizaciones es el hecho de que los trabajadores se aferran a sus sindicatos para defenderse, ante los ataques del empresariado y la complacencia del gobierno frente a la ola de despidos.
A parar… el abuso patronal, la crisis no pueden pagarla los trabajadores, era parte del mensaje que encabezaba las instrucciones enviadas por la CUT nacional a las organizaciones provinciales y zonales de la central. A esta Convocatoria se le sumaban 12 exigencias:
- Los trabajadores(as) de Chile exigimos un nuevo sistema previsional público con garantía estatal.
- Modificar el artículo 161 del Código del Trabajo que permite el despido por necesidades de la empresa.
- Ampliación de la Negociación Colectiva y fin al reemplazo en la huelga.
- Exigimos empleos decentes para el sector público y privado, no mas boletas ni empleos basura ni precarios.
- Fin al lucro en Educación, igualdad para todos y fortalecimiento de la educación pública.
- Salud pública de calidad y reforma a la ley de Isapres, la salud es un derecho que el Estado debe proporcionar y garantizar a todos y todas.
- Una reforma tributaria para que paguen más impuestos las empresas que más tienen y más ganan.
- Un sistema de transporte público de calidad para poner fin al negociado de las empresas privadas.
- Una nueva Constitución Política, para que el Estado tenga un rol preponderante en la economía del país y fin a la exclusión política.
- Recuperar nuestros recursos naturales para todos los chilenos, y no para las empresas privadas.
- Cambio de la política habitacional, dividendo justos y derecho real efectivo a la casa propia.
- Recuperación de la tierra, nacionalización del agua.
La Convocatoria no hace alusión en ninguna parte al gobierno y su rol ante los despidos.El llamado está dirigido contra… ”Quienes han utilizado como excusa la crisis para despedir en forma arbitraria, han bajado las remuneraciones, las comisiones y han burlado la ley de la semana corrida”.
La dirección de la CUT, de esta manera elimina la responsabilidad del gobierno. Esta responsabilidad que en el caso de las Salmoneras, por nombrar un ejemplo, el gobierno ha entregado subsidios tras subsidios a las empresas. Sin embargo, los empresarios han despedido a más de 10 mil trabajadores en nombre de las secuelas del virus Isa. En La Tercera del 20 de abril 2009 un especialista del ramo señala:
“A mediados de 2007 se descubrió este virus en los centros de cultivo de Chiloé, enfermedad que afecta sólo al salmón del Atlántico, causándole la muerte, y que se esparció rápidamente hacia otros lugares. Esta especie es la que le da sustento a la industria y el impacto del Isa puede medirse en la merma de casi el 40% en el total de la materia prima que llega a las plantas de proceso para luego ser exportada.
Sin embargo, durante la última década las mayores empresas salmoneras que operan en Chile -al menos 20 ó 30- mantuvieron una política financiera francamente imprudente, con altísimos niveles de endeudamiento. La filosofía generalizada que se aplicó en la industria fue la de utilizar el apalancamiento bancario para adquirir otras empresas, comprar activos sumamente caros, abrir centros de engorda a diestra y siniestra o realizar operaciones fallidas, cuyos resultados se escondían en un maremágnum de transacciones comerciales que mareaban, incluso, a los más expertos. Mucho antes de la llegada del Isa, el sobreendeudamiento de las salmoneras estaba latente, pero se tapaba, pues las empresas más grandes empujaban la locomotora del crecimiento hacia niveles más altos, con relaciones deuda/patrimonio cada vez mayores. El virus Isa y la consiguiente mortandad de peces dejaron al descubierto la falacia de esta política financiera. Los menores volúmenes de producción y exportación, sumados a la crisis de los mercados internacionales, llevaron a la mayoría de las empresas salmoneras a una situación de bancarrota técnica, donde las caídas patrimoniales fueron tan violentas que ya prácticamente ninguna entidad se salvó de esta situación”.
El gobierno ha estado consciente de esta situación, con pleno conocimiento que estas empresas han hecho millonarias ganancias, que estaban embarcadas en el negocio de las especulaciones.
Veamos la historia del apoyo del gobierno actual, que están en la misma línea que el apoyo que han recibido las Salmoneras desde 1974:
Exención de impuestos, con base en la Ley Austral decretada por el régimen militar de Augusto Pinochet en 1974, que se hizo con el fin de promover las inversiones privadas. Otro subsidio a esta actividad lo constituye la entrega gratuita del agua.
En efecto, las empresas pagan salmoneras por cada hectárea de superficie de agua que ocupan, el equivalente a 140 dólares al año. Esto ha sido motivo de numerosas críticas.
“Es absurdo que se les cobren unidades de superficie como son las hectáreas, cuando lo que de verdad ocupan son unidades de volumen, señala Héctor Kol, jefe del Programa de Salmonicultura de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), en entrevista con Apro.
“Los salmones se cultivan en un volumen de agua y la industria salmonera no paga un solo peso por los millones de metros cúbicos que usan sus balsas-jaulas”. Tampoco pagan por los cientos de millones de metros cúbicos de agua que contaminan.
Estos no son los únicos beneficios que el gobierno chileno entrega a la salmonicultura: Los salarios de los trabajadores de esta industria son subsidiados por el Estado. En el caso de Frío Sur (Grupo del Río, chileno), el 100% de los salarios bases que entrega (200 dólares), corresponden a subsidios estatales. La mitad por concepto de bonos de capacitación entregados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la otra parte son aportados por el Programa de Generación de Empleo, del Ministerio del Trabajo.
Tan favorable es y ha sido la situación de la industria salmonera que Joe McCornide, presidente del Maine Aquaculture Center, declaró en 1997: “Los programas de subsidios chilenos (a la salmonicultura) son un verdadero regalo para los inversionistas extranjeros: si vas a invertir 5 millones (de dólares) en una planta en Chile, en realidad pones 3 millones y los otros 2 millones los pone el gobierno.”
A comienzos de año el gobierno de Bachelet envío una nueva propuesta de subsidio del orden de 450 millones de dólares, que serían adicionales a los 600 millones de dólares ya comprometidos por la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo del 2008, a los $ 20.000 millones de pesos chilenos entregados el 2008 mediante apoyo directo e indirecto de diversos programas y agencias estatales.
En este último paquete de subsidios directos destacan entre otros, $ 7.000 millones para seguir implementando el “clúster del salmón”; $ 5.000 millones para el programa Aquainnovo de mejoramiento genético de salmones; $ 600 millones extras para combatir el virus ISA; $300 millones para que la trasnacional noruega EWOS construya su laboratorio y sala de conferencias en la Comuna de Calbuco; $ 6.500 millones de CORFO para proyectos de investigación e innovación de la industria salmonera.
A ello debe agregarse la solicitud del Intendente de la región de Los Lagos, Sergio Galilea, luego de decretar a su zona en “crisis laboral importante”, para que el Estado entregue $ 500 millones adicionales para la reconversión de trabajadores salmoneros, curiosamente despedidos por las mismas compañía a los que estaban destinados los actuales 450 millones de dólares de apoyo Estatal.
Esta política de apoyo a las empresas salmoneras es la misma con respecto a la construcción, minerías y otras. Dineros públicos que han ido a parar a la especulación financiera y mayores despidos. ¿Por qué la dirección de la CUT guarda silencio sobre ello? ¿Por qué oculta la directa responsabilidad del gobierno en la libertad que tienen los empresarios para despedir? ¿ Qué significado tienen las reivindicaciones planteadas por la CUT, si ellas omiten deliberadamente la responsabilidad del gobierno de la Concertación?
Nuevos ataques
Al día siguiente del Paro El Mercurio daba a conocer las exigencias de los dirigentes empresariales sobre el congelamiento del salario mínimo.
“El experto de Berg Consultores, Huberto Berg, plantea que sería positivo que el reajuste del salario mínimo estuviera asociado al nivel de empleo de la economía y al crecimiento, de manera que la discusión deje la arena política y pase a ser un tema netamente técnico”.
"Congelar el sueldo mínimo este año sería una medida razonable. La duda que tengo es si los políticos van a estar dispuestos a ser razonables en un año electoral".
“Para el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Schmidt, es necesario ir con cautela en este tema considerando la crisis. "En las últimas negociaciones se han fijado salarios mínimos por sobre lo que sería conveniente para el país. (...) hoy, las empresas están pasando por un problema delicado de falta de demanda; cuando los mercados no están comprando nuestros productos, hay una crisis de demanda que repercute en cesantía", es la visión del dirigente”.
Estas exigencias están dirigidas al gobierno. La respuesta es inmediata de parte del gobierno:
"Las cosas en Chile tienen sus tiempos. El salario mínimo se conversa en junio y se legisla, generalmente, a fines de ese mes, porque la ley vigente opera de 1 de julio a 1 de julio; por lo tanto, cuando llegue el mes de junio, y cuando conversemos con los actores involucrados, en ese momento, con las cifras que estén disponibles entonces, que no necesariamente son las mismas de hoy, tendremos la conversación que corresponda”. (Ministro de Hacienda.)
Lo que resalta en la postura del Ministro Andrés Velasco es la voluntad del gobierno de dejar el tema abierto a las exigencias del empresariado. En este tema como en otros la política del gobierno es coherente: privilegiar medidas de apoyo al empresariado, los bancos y especuladores.
¿Cuál debe ser la posición de los sindicatos ante la política de los empresarios, el capital financiero y el gobierno?
La actual crisis ha significado ya miles de despedidos. Comunas como Tomé, Puerto Montt, son literalmente sepultadas. En cada rincón del país no hay día que pasa sin que no hayan despedidos. Pero los empresarios no se conforman con despedir, para bajar el costo del trabajo. Ellos quieren imponer ataques directos a los salarios. Para ello cuentan con el apoyo de la política del gobierno.
Lo que los trabajadores exigen a sus sindicatos, en esta crisis, no es el apoyo a los especuladores. Lo que los trabajadores, desocupados, esperan de sus sindicatos es la exigenciaal gobierno de un Plan de Emergencia, que no dé ni un peso a los banqueros, empresarios y especuladores. No puede ser de otra manera cuando los Salmoneros, la Construcción, la Minería, todos sectores subvencionados por el gobierno utilizan estos recursos para despedir y especular. Los trabajadores exigen que sus sindicatos se pongan al frente de la lucha, contra los despidos, por el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la producción, contra los despidos en la sanidad pública y las municipalidades. Que rechacen toda supresión de puestos de trabajo. Para defender sus trabajos y su poder adquisitivo es necesario un Reajuste general de salarios y pensiones, mínimo de 12%, que el gobierno ha otorgado a las FF.AA.
Los trabajadores, juventud, pensionados están por la movilización unida, paraexigir al Gobierno medidas que los protejan. Rechazo de los planes de saqueo de los fondos públicos y a la exigencia de independencia de las organizaciones de la clase trabajadora frente a los planes del capitalismo en descomposición. Un Plan de Emergencia que contemple:
Una Ley que prohíba los despidos en el sector público y privado.
En esta Ley se debe incorporar la protección del derecho al trabajo sin discriminación de edades. Actualmente se despide y contrata a trabajadores con criteriosdiscriminatoriosen cuanto a su edad. Para miles de ciudadanos pasar la barrera de los 36-38 años es un cierre definitivo al derecho de una fuente de trabajo. Exigimos que en la Ley se exprese:
El derecho legal de todo ciudadano, independiente de su edad, a ser empleado. Derecho integrado a la legislación laboral con penas de indemnización que afecten a los empresarios infractores.
En los casos en que el ciudadano haya cumplido los 55 años, sin posibilidad deretomar su vida laboral en forma continúa hasta los 60 años, consideramos que el Estado debe asumir la responsabilidad de llenar las lagunas previsionales que existan al cumplir sus 65 años, edad de su jubilación.
En los casos en que la ciudadana haya cumplido los 50, sin posibilidad de retomar su vida laboral en forma continúa hasta los 55 años, consideramos que el Estado debe asumir la responsabilidad de llenar las lagunas previsionales que existan al cumplir sus 60 años, edad de su jubilación.
Igualmente en esta Ley se debe incorporar una clausula de mayor protección a los dirigentes sindicales en cuanto a sus derechos deun trabajo. El actual fuero sindical es insuficiente para proteger al dirigente sindical ante un despido yante la necesidad de un nuevo empleo. El fuero sindical es una relación jurídica, que debe ser integrada a los derechos laborales de los dirigentes sindicales, eliminando la potestad absoluta de los jueces de la dirección del trabajo en cuanto a resolver sobre ella. Un empleador que arbitrariamente despide un trabajador por el solo hecho de serdirigente sindical, o seniega a contratar a un trabajador, que haya sido dirigente sindical, se hace acreedor de un acto de ilegalidad. Por lo mismo ello debe contemplar que:
El fuero sindical sea instituido por un periodo de 12 meses luego de haber terminado en su cargo sindical.
Derecho de demanda e indemnización para los dirigentes sindicales en casos de despidos y discriminados ante un nuevo empleo.
Paralelo a ello es necesario adoptar las siguientes medidas de apoyo a los ciudadanos ya despedidos.
La anulación de los aumentos de intereses de las hipotecas y moratoria para los ya despedidos y cesantes. Estas medidas deben ser válidas para los despedidos y cesantes que por un periodo transitorio se encuentren sin trabajo. Para los despedidos y cesantes cuya situación sea permanente y en relación a sus edades, el Estado debe asegurar la condonación de las deudas habitacionales, sean de planes PET u otros.
Un Bono de locomoción para que los despedidos y cesantes puedan movilizarse en la búsqueda de un nuevo trabajo.
Un Bono de alimentación estructurado sobre el valor de una canasta básica a todas y todos los cesantes y despedidos.
Educación gratuita para los hijos de los despedidos y cesantes.
Rebaja del IVA en un 10% a los alimentos de la canasta básica
Asegurar los servicios públicos básicos, electricidad, gas, agua potable y teléfono.
Los despedidos y cesantesdeben ingresar a un programa nacional de capacitación, garantizándoles un ingreso equivalente al 80% de su salario. Ello debe hacerse con financiamiento compartido entre empresarios y Estado.
El Estado debe asegurar pensiones dignas a cada generación de trabajadores que han sido obligados por ley a colocar su propio dinero en las AFP. Las AFP, a través de su política especulativa han saqueado los dineros de los trabajadores. El Estado es responsable por haber permitido por medio de la ley que esto sucediese. Ante esta situación los trabajadores estiman legítimamente la:
Recuperación y compensación integral de los fondosde los trabajadores. Estatización de las AFP, por un Fondo de Pensiones Estatal.
La situación exige que los recursos públicos sean destinados a crear empleos y medidas reales de apoyo a las PYMES y no a los bancos y financieras. Los bancos en la cual está el origen de las crisis, han tenido una ganancia promedio cercanas al 16,74% sobre el capital y reserva. Recursos públicos deben ser destinados a:
Un Plan de Obras Públicas concentrados en la construcción de viviendas, en el mejoramiento de escuelas y hospitales públicos.
Inyección de subsidios directos al empleo a los que sean contratados en PYMES. Los subsidios deben estar dirigidos a la contratación de trabajadores sin discriminación de edad.
Por un 1 de mayo de lucha: Exijamos al gobierno, un Plan de Emergencia, que proteja a los trabajadores, desocupados, pensionados, juventud. Unidos en sus sindicatos, exigir a la CUT una política independiente, que rompa con la subordinación al gobierno.
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